SAT, IMSS y Secretaría del Trabajo persiguen malas prácticas en subcontratación

Las inspecciones de las autoridades son frecuentes y cuando se detectan incumplimientos, se envían apercibimientos a las empresas.

Desde la reforma en materia laboral de 2021, el outsourcing o subcontratación de personal está prohibida. Pero lo que sí se permite es la subcontratación de servicios u obras especializadas distintas al objeto social y la actividad económica preponderante del contratante.
La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el Artículo 15, establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Se trata del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE).
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin contar con el REPSE pueden ser sancionados por el delito de defraudación fiscal.

Prácticas que le dan la vuelta a la prohibición del outsourcingPero la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech) ha detectado que se siguen realizando prácticas que le dan la vuelta a la prohibición de subcontratación de personal.

La Amech dijo a Reforma que estas empresas utilizan esquemas fiscales a manera de soluciones. Esto lo hacen para que las compañías que eran usuarias del servicio de subcontratación de personal, que ahora está prohibido, puedan seguir obteniendo beneficios que llevan consigo la evasión y elusión de las obligaciones obrero- patronales.
Según la Amech, existen empresas que ofrecen este tipo de planes como una alternativa para el pago de la nómina de los trabajadores, porque cuentan con la posibilidad de hacer retiros inmediatos sobre las cantidades aportadas para fines sociales.
El artículo 27, fracción VIII, de la Ley del Seguro Social, establece que estas “aportaciones” están excluidas del salario base de cotización y de esta forma se eluden pagos por concepto de seguro social.

Otro más es el pago a través de fideicomisos educativos, que están libres de impuestos. En este escenario se fija un salario menor (subregistro), con el cual se da de alta al empleado ante el IMSS, lo que tiene como finalidad evadir y eludir las obligaciones obrero-patronales.

Autoridades vigilan que se cumpla con el Repse
En este contexto, las autoridades trabajan de manera coordinada para hacer cumplir la prohibición del outsourcing.

El diario indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), trabajan en conjunto para que las empresas cumplan con el Repse. En caso de incumplimiento, se pierde el registro y la posibilidad de deducir servicios especializados.

Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, comentó que las inspecciones son frecuentes y cuando se detectan incumplimientos, se envían apercibimientos a las empresas.

“Con el IMSS y el SAT, hay labor preventiva porque cuando se detecta un posible incumplimiento se contacta a la empresa, se le informa y por eso el IMSS ha dicho que, con este procedimiento de conectarse con las empresas, han recaudado 180 millones de pesos. Esto quiere decir que hay empresas que, ante el llamado de la Secretaría del Trabajo, se regularizaron”, explicó.
Durante una presentación en un foro organizado por Thomson Reuters, aseguró que hasta el momento hay 141 mil empresas inscritas en el Repse.
“La inmensa mayoría de las empresas que están en el Repse están cumpliendo, pero para que sea un sistema sano, no se debe quitar el dedo del renglón, tenemos que estar en la obligación para vigilar”, manifestó.

Vinculación entre autoridades y consecuencias de incumplimiento

Norma Gabriela López Castañeda, directora de Recaudación e Incorporación del IMSS consideró que la reforma de subcontratación está viva porque las diferentes autoridades le dan seguimiento para evitar que se caiga en abusos.
“Quedó plasmado en la ley la obligación de vinculación entre autoridades y las consecuencias de incumplimiento entre las mismas. Esta reforma también coadyuvó a la formalización del empleo, porque los trabajadores deben ser registrados con el patrón real, quien tiene activos con los que puede hacer frente a sus obligaciones ante una revisión de la autoridad”, señaló.